Ambientalismo sin rumbo

Luchar contra la minería a cielo abierto no justifica recurrir a la violencia para convencer a la sociedad, como ocurrió en Andalgalá, Catamarca.
Viernes 18 de junio de 2010 | Publicado en edición impresa, Diario La Nacion

El juez de garantías de la ciudad catamarqueña de Andalgalá, doctor Rodolfo Cecenarro, fue agraviado públicamente y amenazado de muerte por un grupo de militantes que luchan contra la minería a cielo abierto, durante los festejos por el Bicentenario que se realizaban en esa provincia.

Este juez tiene a su cargo varias causas ligadas a manifestaciones de organizaciones defensoras del ambiente. Pero no es éste el primer incidente grave que ocurre en esa ciudad, fracturada por la lucha ambientalista, ni el primero que tiene como objetivo a un funcionario judicial, aunque es el que ha revestido mayor gravedad institucional hasta el momento.

Funcionarios del Ejecutivo provincial y asociaciones de magistrados, entre otras instituciones, han expresado un repudio unánime al incidente, que también ocasionó gran conmoción en los medios de comunicación de la provincia y la ciudad de Andalgalá.

Catamarca es una provincia minera que alberga, desde hace más de 10 años, el yacimiento de oro y cobre más grande del país. Desde fines de 2009, diversos grupos de ambientalistas han pasado a la militancia abierta para resistir la presentación de nuevos proyectos extractivos, como el de la Minera Agua Rica, aprobados o en vías de aprobación por parte de las autoridades competentes. Estos grupos nacieron por la movilización de habitantes de las localidades afectadas, pero luego se sumaron militantes de otras provincias y de organizaciones no gubernamentales de alcance nacional.

El ambientalismo se inspira en la causa de la defensa del medio ambiente consagrado por la Constitución en sus artículos 41 y 43. Se ha constituido en actor relevante del sistema democrático en cuanto, a través de sus demandas, ejerce su derecho a la libertad de expresión y se convierte en una fuerza de control de los propios funcionarios. Sin embargo, a menudo, en la radicalización de sus demandas y de su actividad, se adopta un perfil fundamentalista que arremete sin distinciones contra todos los que tienen una opinión diferente, y llegan a desafiar, en muchos casos, las resoluciones de las instancias políticas y judiciales, tal como ha ocurrido en el caso de Gualeguaychú.

La convivencia democrática implica respetar los derechos y garantías consagradas en la Constitución nacional. Esto alcanza tanto el ejercicio de la industria lícita como la defensa de un medio ambiente sano y la libertad de expresión. El bien común nace del equilibrio entre los intereses privados y públicos, que es asegurado por la acción de los jueces nacionales, provinciales y locales.

La ciudad de Andalgalá enfrenta un desafío histórico en virtud del debate ambiental que se desarrolla en su seno. El desafío aún mayor que la confronta es combatir el fanatismo de algunos pocos que pretenden lograr cambios a través de métodos reprochables, como la violencia, y que no permiten avanzar hacia una sociedad mejor ni hacia un verdadero desarrollo sustentable.